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Un mal servicio de alcantarillado puede atentar contra los derechos fundamentales

La Corte Constitucional protegió los derechos a la salud y a un ambiente sano de los habitantes de un barrio que se perjudicaban de un deficiente servicio de alcantarillado.

10 de agosto de 2015

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Una familia del municipio de Lérida, Tolima, venía siendo perjudicada por la baja calidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que se encuentran actualmente prestándose en esta jurisdicción, por lo que decidieron presentar el asunto ante las autoridades judiciales a causa de que sus demandas caían en los oídos sordos de la alcaldía.

Esta familia instauró una Acción de Tutela que fue contestada por la Corte Constitucional, en el que el fallo consideró que la alcaldía de este municipio, al proveer un servicio de tan mala calidad en cuanto a la red de alcantarillados, se está vulnerando el derecho fundamental a una vivienda digna, a la salud, la dignidad, la vida en condiciones dignas y al medio ambiente sano.

La familia de Lérida venía presentando estos inconvenientes desde 2011, cuando el municipio canalizó las aguas lluvias uniéndolas con las residuales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran de las cañerías y se asentaran en las entradas de las viviendas o que se devolvieran por los sanitarios.

Todo esto era fuente de zancudos, ratas y de olores nauseabundos que repercuten en el deterioro de la calidad de vida y de salud debido a los gases que emanan de estas aguas negras. Por ejemplo, aunque no fue probado, un miembro de la familia tiene úlceras con infección en las piernas.

La Corte recordó lo mencionado en la sentencia T-576 de 2012 que sostiene que quienes habitan una residencia expuesta a un ambiente insalubre, “en principio y por lógica, están individualmente afectados en varios de sus derechos constitucionales”.

De lo anterior este alto tribunal encontró que la falta de conexión de alcantarillado a la red matriz, así como el vertimiento de las aguas en las entradas de las viviendas, desconoce los derechos fundamentales de los habitantes de estas viviendas y en particular de los miembros de la familia que instauró la Acción de Tutela. Tal servicio público de alcantarillado “no satisface siquiera los requisitos mínimos de un sistema de saneamiento básico constitucionalmente admisible”.

Por todo lo anterior, esta Corte decidió ordenarle al municipio de Lérida que realice las obras necesarias para garantizar el servicio de alcantarillado, pero no sólo para la familia que instauró la acción, sino también para los habitantes del barrio que también, como se comprobó, se han visto afectados por las deficiencias en el servicio.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.