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Los dineros de cuentas bancarias inactivas podrían pasar a manos del Estado

El Congreso mantiene un debate para apropiarse de los dineros de cuentas bancarias que se encuentren quietas por cuatro años.

27 de agosto de 2015

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En un capítulo del famoso programa Futurama el protagonista de la serie, luego de haber dormido en una cámara criogénica por 1000 años, recuerda que tiene un pequeño saldo en una cuenta bancaria que había abierto antes de este largo ‘viaje en el tiempo’. La cuenta del protagonista se encuentra aún abierta y resulta, gracias a los rendimientos en intereses, que ahora posee millones de dólares. El protagonista es rico sin haberse esforzado en absoluto, sólo debió esperar 1000 años para que los intereses rindieran sus frutos.

Esta historia no podría pasar en Colombia si la norma que a continuación ilustraremos entrara en vigencia.

El pasado 29 de julio fue aprobado en segundo debate un proyecto de ley bastante polémico y que podría dar de qué hablar en las próximas semanas. Se trata de uno que busca legitimar al Estado colombiano para que se apropie de los saldos de las cuentas que se consideren abandonadas, independientemente de la razón para que esto suceda.

El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Representantes y que ha tenido un trámite bastante rápido y efectivo, para ser una iniciativa originaria del Congreso, busca que este dinero pueda ser utilizado por el gobierno con el objeto de invertirlo en proyectos de infraestructura de cuarta generación (4G).

Según como hasta ahora va el articulado de este proyecto, las cuentas bancarias que serían objeto de esta Ley son en las que no se hubiere realizado movimientos de depósito, retiro o transferencia durante 4 años de manera ininterrumpida. Independientemente de que las cuentas sean corrientes o de ahorro, lo único que se necesita, además de los años de inactividad, es que en estas los montos sean superiores a 322 UVR (en valores de 2015 sería de $71.800 pesos).

Parecería extraño para una persona promedio dejar dinero ‘abandonado’ en una cuenta bancaria, pero hay que considerar diferentes posibilidades, que no a todos les acontece, para saber todo el dinero que el Estado podría apropiarse con esta medida.

Casos, por ejemplo, de personas que salieron del país por motivo de estudios universitarios o de posgrado y que tienen actualmente una cuenta en el país, también personas que encuentran oportunidades laborales en otro país, difuntos en el que el proceso de sucesión de sus bienes aún no haya sido fallado o conciliado, o simplemente personas que, como el protagonista de Futurama, no recuerdan tener una cuenta bancaria o que, al no saber cómo utilizar su dinero, esperan que el rendimiento de intereses les genere mayor riqueza.

En últimas, el Estado no puede preveer todos los casos o motivos por los que los ciudadanos no han tocado sus cuentas bancarias por más de 4 años, quienes podrían ser propensos de grandes injusticias al aplicarse esta norma.

Aunque se crea que estos casos pueden ser contados con los dedos de la mano, el Estado colombiano estima que existen un poco más de 6 millones de cuentas inactivas, de donde se espera obtener con esta norma algo más 1,4 billones de pesos al momento en que este proyecto se convierta en Ley de la República.

Sin embargo, aunque el monto que se podría recaudar es bastante atractivo para invertirlo en infraestructura de transporte nacional, es importante que el Congreso, al debatir este proyecto, se pregunte si tal medida sería legítima a ojos de la Constitución Política de Colombia.

Tal medida podría vulnerar el derecho a la propiedad privada mencionado en el artículo 58 de la Constitución. Claro, es cierto que en el mismo artículo se habla de la prevalencia del interés público al interés privado, pero si tal principio se aplicara también en las cuentas privadas e individuales de los ciudadanos, ¿qué impediría que tal principio también se interpusiera ante todas las decisiones individuales que los ciudadanos realizan diariamente?

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.