Se reglamentan las condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad

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Se reglamentan las condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad

Se reglamentan las condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad

03 de septiembre de 2015

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Los fines resocializadores de las penas que deben cumplir los reclusos se encuentran expuestos en el artículo 4° de la Ley 599 de 2000, sin embargo para nadie es un secreto que el escenario penitenciario del país no es el mejor. La situación de hacinamiento y las condiciones de trabajo de los reclusos corresponden al déficit financiero del INPEC y la inoperatividad de las actividades de resocialización.

El Ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón y el Ministro de Justicia Yesid Reyes firmaron recientemente el Decreto 1758 de 2015, el cual adiciona un capítulo al actual Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, que reglamenta las condiciones especiales de trabajo de los presos del país.

El Decreto regula la remuneración de los reclusos, la cual no constituye salario y no tiene efectos prestacionales, el INPEC establecerá el monto del salario, que será actualizado anualmente por el IPC (Índice de Precios al Consumidor). También prohíbe el trabajo forzado y establece la jornada laboral de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales.

La reglamentación dispone las condiciones especiales de seguridad social en el tema de los servicios de salud penitenciaria y carcelaria expuesto en el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014; los reclusos menores de 65 años podrán ser afiliados al Sistema Flexible de Protección para la Vejez cuyo valor anual lo establecerá el Ministerio de Trabajo. Asimismo las personas privadas de la libertad deberán ser afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales.

Entre las obligaciones que tendrán las autoridades penitenciarias y carcelarias se encuentran la promoción de las plazas de trabajo, el reporte de las horas de trabajo para la redención de la pena, al igual que el de los accidentes y enfermedades laborales a la ARL; de igual manera se prohíbe a los funcionarios del INPEC retener las compensaciones de los presos, recibir bonificaciones por la consecución de las plazas de trabajo y atentar contra la dignidad de los reos.

Por otra parte se establecen las obligaciones de los reclusos, como lo son la conservación de los elementos de trabajo, la adopción de las medidas de protección necesarias y acatar las órdenes previstas. Dentro de las prohibiciones están la no sustracción de los elementos o materias primas del trabajo, presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo el efecto se sustancias psicotrópicas, portar armas, participar en riñas y perturbar la actividad laboral.

La norma también compromete al INPEC a implementar actividades de formación para el trabajo con el apoyo del SENA, que dependerán del presupuesto de la institución penitenciaria y carcelaria. En cuanto a la salud y seguridad en el trabajo la medida establece además que el INPEC debe suministrar la dotación a los reclusos e implementar las adecuaciones necesarias para las personas con discapacidad, para esto se contará con el apoyo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad a cargo de la USPEC (Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios).

Según cifras del INPEC, a 2014 tan solo un 30% de la población reclusa se encuentra ocupada, lo cual es un reto para la institución y si a esto se le suma que en los distintos centros penitenciarios hay más de 153.998 presos y que la capacidad es tan solo para 77.874 reclusos, la situación es preocupante. Además de la reglamentación para el trabajo digno y suficiente de los reclusos en beneficio de su resocialización, se ve necesaria también una verdadera reforma a la aplicación de la justicia en el país.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.