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La medida de aseguramiento de privación de la libertad tiene un tiempo máximo de un año

Bajo la nueva Ley 1760 de 2015, las personas imputadas de cometer un crimen tendrán mayores facilidades para que se les otorgue una medida de aseguramiento que no implique la pérdida de su libertad.

29 de septiembre de 2015

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El pasado 6 de julio el presidente de la República Juan Manuel Santos, promulgó una serie de leyes, entre las cuales estaban la conocida y polémica Ley Anticontrabando y la Ley que crea un nuevo tipo penal para el delito de feminicidio. Sin embargo, por el gran ruido que generaron particularmente estas dos nuevas normas, pasó, de cierto modo desapercibida, la Ley 1760 que modifica las medidas de aseguramiento de privación de la libertad.

El gobierno colombiano motivó la creación de esta ley mencionando que esta racionalizaría la detención preventiva, además de fortalecer el principio de presunción de inocencia. De esta manera contribuiría a solucionar el hacinamiento carcelario, al implementar límites objetivos y claros, además de consignar mayores condiciones para la imposición de la privación de la libertad de manera preventiva de todo sospechoso.

¿Qué contiene esta Ley?

En primer lugar la nueva norma impone un límite máximo de un año a la duración de la medida de aseguramiento de privación de libertad. Si se trata de un caso que se surta ante la justicia penal especializada o si se trata de juicios por actos de corrupción, este término puede prorrogarse a solicitud del fiscal o apoderado de la víctima.

Vencido este término de un año, el juez de control de garantías podrá sustituir esta medida por otra que no implique la privación de la libertad del imputado.

También, la privación de la libertad sólo podrá imponerse cuando se pruebe que las medidas no privativas resulten ineficientes para garantizar que el imputado no obstruya el ejercicio de la justicia, no sea un peligro para la seguridad de la víctima y que no sea probable que el imputado no comparecerá al proceso.

La norma otorga además nuevos factores de consideración para evaluar si el imputado representa un riesgo para la seguridad de la comunidad y de la víctima: si se utilizaron armas de fuego o armas blancas en la conducta punible, si el punible fue abuso sexual a un menor de 14 años, y si hace parte de un grupo de delincuencia organizada.

Por último la norma crea una causal de libertad adicional que se da cuando transcurridos 150 días a partir del inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. Sin embargo si la causa de que la audiencia oral no se haya podido iniciar, sea debido a maniobras dilatorias del acusado o su defensor, estos días no serán contabilizados. Este último cambio normativo no estará vigente sino hasta dentro de un año.

Situación carcelaria en Colombia

Es importante mencionar que en Colombia el 34% de la población carcelaria se encuentra actualmente con medida de aseguramiento, esto es que no ha sido condenada y sus procesos se encuentran actualmente estancados o siendo dilatados por dificultades procesales.

En términos económicos esto significa que el Estado actualmente enfrenta demandas por más de 23 billones de pesos por implementar esta medida de aseguramiento a personas que realmente no lo justificaban, además de imponerles esta medida por tiempos exagerados o que su misma imputación no lo justifica.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.