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El nuevo proceso de expropiación predial fue demandado por inconstitucional

Una demanda fue presentada ante la Corte Constitucional que sostiene que el pago de indemnización por expropiación de predios debe fijarse bajo su valor comercial.

29 de septiembre de 2015

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A finales del año pasado el Congreso de la República aprobó en su último debate la Ley 1742 de 2014, que tiene como objetivo hacer más sencillos los procesos de expropiación de predios e inmuebles para la creación de proyectos de inversión en el sector de transporte y servicios públicos como de agua potable, y que se hayan calificado como de utilidad pública y de interés social. Llevando apenas un poco más de 6 meses de vigencia, ya comienza a presentar varias objeciones en las más altas instancias judiciales.

Activo Legal, documentó en ediciones pasadas el objeto, la intención y sobretodo las consecuencias que podrían traer esta norma para el futuro de la propiedad privada en Colombia y si en verdad tales cambios en los procesos de adquisición y expropiación, llegarían a ser la solución, para que este proceso fuera más expedito, eliminando los obstáculos que normalmente se encuentran en este.

Sobre la protección a la propiedad privada se llamó la atención en que el derecho de réplica que tienen los propietarios de estos predios se debilitaba, al incentivar de manera negativa a que estos no lo utilizaran.

Bajo la nueva ley, si se aplica el derecho de réplica y al final no existe acuerdo, la administración pública pasaría a expropiar el inmueble al valor del avalúo catastral y no por el comercial, como antes se estipulaba. Este mecanismo entonces motiva a que la administración no desee hacer un acuerdo con la contraparte, ya que la expropiación puede llegar a serle de un costo mucho inferior. Por ejemplo, los precios catastrales de los predios rurales pueden llegar muchas veces ser de tan sólo el 10% de lo que sería su precio comercial.

Pues bien, se conoció hace poco una demanda de constitucionalidad contra esta Ley precisamente con el argumento que tal norma estaría atentando contra el derecho, protegido por la constitución, a la propiedad privada y de manera exclusiva, contra los principios que debe ostentar el proceso de enajenación, contenido en el mismo artículo 58 constitucional, esto es que este proceso “sea justo”.

El mencionado artículo 58 de la Constitución Política menciona que en caso de expropiación la administración deberá pagar a favor del titular del derecho de dominio una indemnización por los daños causados, en el que el dueño pueda percibir valores comerciales, enajenables y ciertos. Tal argumento ha sido sostenido por la Corte Constitucional en varias sentencias, en la que ha señalado que la indemnización debe ser justa: “esta Corte ha sostenido que la referencia a los intereses de la comunidad y del afectado, corresponde claramente a la exigencia constitucional del carácter justo que debe tener la indemnización”, (sentencia C-1074 de 2002).

Por último, la demanda también hace referencia a que como bien indica el artículo 58 constitucional, la enajenación del bien por parte del Estado conlleva a una indemnización que no busque simplemente compensar las pérdidas del antiguo propietario, sino que tal debe fijarse “consultando los intereses de la comunidad y del afectado”. La indemnización no puede estar sujeta únicamente a un avalúo, sino que los pagos que se realicen aseguren una efectiva reparación al afectado.

De esta manera, confirmando lo ya dicho por Activo Legal, esta demanda de constitucionalidad le solicita a la Corte Constitucional que declare inexequible el artículo que toma en cuenta el valor catastral, en lugar del valor comercial para calcular la indemnización en los procesos de expropiación, a causa que este “vulnera el carácter justo, ya que se pagará una indemnización parcial o incompleta”, al ser el primero de menor valor que el segundo.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.