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Las empresas privadas también tienen la obligación de contestar los derechos de petición

Para la Corte este es un derecho fundamental que garantiza la efectividad de los mecanismos de democracia participativa y se fortalece el derecho a la información y la libertad de expresión.

05 de octubre de 2015

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca recordó que no contestar un escrito de petición de la manera y en los tiempos en que la Ley estipula, transgrede el derecho constitucional de petición, consignado en el artículo 23 de la Carta Política de 1991.

También mencionó que no contestar es motivo para una sanción disciplinaria, pues el funcionario encargado incurre en una causal de mala conducta.

Para la contestación de un escrito de este tipo, la Ley 1437 de 2011, mejor conocido como el Código Contencioso Administrativo, menciona los tiempos de contestación que deben ser de no más de 10 días desde el momento en que se radicó el escrito. También, la misma norma menciona que el deber de esta contestación, dentro de la entidad pública en la que se radica, lo debe asumir el funcionario a quien se dirige este escrito o “ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación administrativa”.

En cuanto a este tema, la Corte Constitucional también se ha pronunciado, definiendo las reglas básicas que orientan este derecho.

Para la Corte este es un derecho fundamental que garantiza la efectividad de los mecanismos de democracia participativa y se fortalece el derecho a la información y la libertad de expresión.

Asimismo, el núcleo de este derecho debe residir en la contestación pronta y oportuna de la cuestión, en otras palabras, que se resuelvan los cuestionamientos de quien envía la petición. Así, la contestación debe resolver el fondo del asunto, ser “clara, precisa y […] congruente con lo solicitado”, indicó la Corte. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional.

El mismo Tribunal recordó también que aunque el derecho de petición se aplica generalmente a las entidades estatales, también aplica a las empresas privadas según las condiciones mencionadas en el artículo 32 de este Código Contencioso Administrativo, pero con las mismas obligaciones de tiempo y de forma.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.