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Las administradoras de seguridad social no deben declarar ICA por los aportes que les sean entregados

Para el Consejo de Estado el pago de ICA por aportes a seguridad social son pagos no válidos y por lo tanto deben ser devueltos si se presenta solicitud de devolución antes de cumplirse el tiempo de prescripción

01 de Abril 2016

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En un reciente caso de impuestos conocido por el Consejo de Estado, fue aclarado si los aportes que realizan los empleadores de sus trabajadores y que son recibidos por las diversas administradoras del sistema de seguridad social (pensiones, salud y riesgos laborales) pueden ser objeto de gravámenes para el pago del impuesto de industria y comercio por parte de estas últimas.

En un principio parecería plausible que para el cálculo de este impuesto, por parte de las administradoras de la seguridad social, se podría incluir lo recibido en aportes por parte de sus afiliados; por motivo que la administración de estos hace parte de su objeto social y comercial central.

La suposición fue además fortalecida luego de la expedición de la Ley 788 de 2002, que en su artículo 111 se presumía que una parte de los aportes que forman parte del UPC (Unidad Paritaria de Capitación) en el sistema de salud podía ser gravado con este impuesto.

Sin embargo el Consejo de Estado concluyó que tales aportes no pueden ser gravados a causa de su naturaleza específica estipulada por la Constitución colombiana. En esta se menciona que estos recursos no pueden ser destinados o utilizados para fines diferentes a la estabilización y capitalización del Sistema General de Seguridad Social. En otras palabras, estos aportes tienen una destinación específica, que es formar parte del Sistema Integral de Seguridad Social.

Estos aportes, aclaró este tribunal, “forman parte del Sistema Integral de Seguridad Social y, por tanto, su destinación es restringida. […]. En esa medida, tales aportes no forman parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio porque no devienen de una actividad industrial, comercial o de servicios, sino que son recursos públicos destinados a cubrir los riesgos profesionales de los trabajadores”.

Vale aclarar que la norma que habilitaba esta posibilidad de gravar con este impuesto los aportes causados –Ley 788 de 2002- fue revisada en su momento por la Corte Constitucional, quien declaró inconstitucional específicamente este artículo que habilitaba la imposición de impuestos en estos aportes.

De esta manera el Consejo de Estado falló a favor de la administradora de aportes ordenándole a la Secretaría de Hacienda implicada que devolviera los pagos efectuados por este objeto.

No sobra además decir que en este mismo caso, este mismo alto tribunal, recordó que el derecho a pedir devolución por pagos fiscales sobre medidos tiene un término de prescripción de 5 años, como bien se estipula en el Decreto 1000 de 1997.

Este artículo fue publicado originalmente en la décimo cuarta edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.