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¿Al fin cuál es la dosis mínima?

“La atipicidad de la conducta para los consumidores o adictos dependerá de la finalidad cierta (no supuesta o fingida) de su consumo personal”

05 de Abril 2016

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El establecimiento de la dosis mínima de marihuana en Colombia va a cumplir 30 años. Según la Ley 30 de 1986 esta corresponde a 22 gramos para marihuana. El mundo ha presenciado a lo largo de un poco más de los últimos cuarenta años el fracaso de la guerra antidrogas liderada por los Estados Unidos que, a punta de prohibición, guerra y cárcel, ha pretendido reducir y desaparecer el consumo y el tráfico de drogas.

La reproducción de los capos de la droga en México y de los pequeños narcotraficantes, las bandas criminales y la financiación de los grupos insurgentes en Colombia, además de la proliferación de cultivos de coca y el incremento del consumo de marihuana alrededor del mundo son evidencias claras de este fracaso.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso extraordinario de casación en el cual falló a favor de las pretensiones de un soldado al que se le encontró 50.2 gramos de marihuana y al que se le había condenado a nueve años y diez meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, debido a que sobrepasaba la dosis mínima personal.

Uno de los argumentos de la defensa del soldado fue que debido a que este tenía que prestar patrullaje por varios días lejos de la ciudad de San Gil en Santander, se había abastecido de marihuana para satisfacer su adicción, ya que se consideró un adicto desde niño. Frente a esto la Corte señaló en su fallo que “un criterio razonable, a fin de establecer la dosis autorizada, es el de la necesidad de la persona, monto que resulta compatible con la política criminal de carácter preventivo y rehabilitador, acorde con la protección de la salud de la persona”.

La Corte complementó la decisión y pone límites a la cantidad de droga que se puede portar, y dice que se debe verificar que “esta sea únicamente en la modalidad de uso personal, sin que se convierta en un almacenamiento indiscriminado de cantidades o de momentos para uso repetitivo, connotaciones en las cuales la conducta ha de ser penalizada”. Sin embargo, es en este punto en donde queda un vacío singular, ya que en manos de quién quedará evaluar cuál es la dosis mínima para cada persona ¿en la policía?, ¿en la fiscalía?, ¿en el doctor de cabecera?, ¿en quién?.

Además, esta misma zona gris de la decisión de la Corte podría darle argumentos para que las redes de microtráfico se escuden en la cantidad de droga que puedan llevar consigo los jíbaros (expendedores de droga). Es entonces en donde se haría necesario el fortalecimiento de la inteligencia policial y de los investigadores de la fiscalía para que sepan diferenciar entre un consumidor habitual y un traficante. En últimas, el trabajo puede complicarse para los funcionarios que se dedican a la perseguir el tráfico de estupefacientes.

De igual manera la Corte dejó claro que “la atipicidad de la conducta para los consumidores o adictos dependerá de la finalidad cierta (no supuesta o fingida) de su consumo personal, lo que puede desvirtuarse en cada caso según las circunstancias modales, temporales o espaciales, como cuando la cantidad supera exageradamente la requerida por el consumidor, adicto o enfermo, o la intención es sacarla o introducirla al país, transportarla, llevarla consigo, almacenarla, conservarla, elaborarla, venderla, ofrecerla, adquirirla, financiarla, suministrarla o portarla con ánimo diverso al consumo personal”. Lo que quiere decir que la decisión de si es un delito o no dependerá enteramente de los entes investigadores.

Básicamente con la decisión de la Corte Suprema, la dosis mínima se fijará según la adicción de cada persona.

Esto nos lleva a lo ya dicho al principio de este artículo. Existe una tendencia global de descriminalizar el uso de narcóticos, ya que las medidas represivas han sido un fracaso total y la penalización de los consumidores no acaba con el problema. El tema del consumo de drogas debe tratarse como problema de salud pública, mas no como un problema penal. ¿De qué vale atestar las cárceles de consumidores sin antecedentes penales pudiendo enfocar estos esfuerzos en reducir la criminalidad de la cadena narcotraficante, la violencia y la corrupción que esta trae?.

La medida interpuesta por este alto tribunal tiene sus ventajas y desventajas, lo único cierto es que el país debe empezar a pensar en que el consumo de drogas no es sinónimo de delincuencia y que este hace parte del libre desarrollo de la personalidad y la libertad de consumo de cada individuo.

Este artículo fue publicado originalmente en la décimo cuarta edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.