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Garantías mobiliarias que no serán admitidas por las entidades de crédito

Recientemente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 466 de 2016 en donde establece cuáles son las garantías mobiliarias que no se deben admitir.

06 de Abril 2016

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Hace un par de años el Gobierno Nacional mediante la Ley 1676 de 2013 quiso incrementar el acceso al crédito estableciendo los derechos de propiedad intelectual, acciones en sociedades nacionales, y demás bienes muebles como garantías mobiliarias; las cuales se refieren a toda operación que tenga como efecto garantizar “una obligación con los bienes muebles del garante” (el que adquiere la deuda) por medio de un contrato, pacto o cláusula.

Esta misma Ley de la República estableció que las obligaciones garantizadas serán: el capital, los intereses corrientes y de mora que genere la deuda; las comisiones que deberán ser pagadas; los gastos que se deriven del cuidado o la custodia de los bienes en garantía; los daños y perjuicios que puedan suceder por el incumplimiento de la obligación; además de la liquidación de estos daños y las diferencias de la tasa de interés o de cambio si fueron pactadas en los respectivos contratos.

Recientemente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 466 de 2016 en donde estableció que algunos bienes no pueden ser utilizados como garantías mobiliarias si son utilizados como parte de los límites individuales de crédito, que son el monto máximo que se le puede otorgar a una misma persona natural o jurídica; y también si son utilizados como límite de concentración de riesgo de los mismos, esto es si se excede del nivel de riesgo que una entidad financiera le otorgue

. Estas garantías no admisibles son los títulos valores, a no ser que sean pignoración de acciones (aquellas en donde el deudor se compromete a darle al acreedor en el futura una compensación oportuna, pactada entre las partes) y que sean “aceptados o garantizados por instituciones financieras o entidades emisoras de valores en el mercado público”.

Para finalizar, el Decreto deja claro que tampoco pueden ser garantías mobiliarias admisibles las propias acciones, títulos valores, certificados de depósito a término o cualquier otro documento que haya sido emitido por las mismas entidades o establecimientos de crédito emitidas por su sede principal o subsidiarias.

Este artículo fue publicado originalmente en la décimo cuarta edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

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