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Habrá mayor control en la tercerización laboral

El Ministerio de Trabajo mencionó las condiciones por las que una tercerización puede ser declarada como ilegal

12 de Abril de 2016

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El Ministerio de Trabajo acaba de introducir una reglamentación sobre control y vigilancia en la tercerización laboral con la reciente publicación del Decreto 583 de 2016, con la finalidad de cumplir con lo dicho en el último Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”.

En este plan de desarrollo el gobierno se obligó a adoptar la política nacional del trabajo decente, garantizando “que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización.”

De este modo, con esta nueva norma se creó una nueva política de control y vigilancia para la contratación de trabajadores por modos distintos al contrato laboral, como es por contrato de prestación de servicios, trabajo en misión, simple intermediario, proveedor u otro tipo de tercerización laboral.

La norma menciona ciertos indicativos que pueden llevar a concluir que se encuentra en medio de una tercerización ilegal:

-Que el proveedor del personal no respete los derechos constitucionales, legales y prestacionales protegidos por las normas laborales.

-Que la tercerización se dio para realizar las mismas labores “que se realizaban para el beneficiario y los trabajadores no fueron expresamente informados por escrito”.

-Que el proveedor de esta tercerización no tenga capacidad financiera acorde con el servicio u obra que contrata, pese a tener una vinculación económica con el beneficiario.

-Que el proveedor no tenga capacidad para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de sus trabajadores.

-“Que el proveedor no tenga autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos que le sean contratados.”

-Que el proveedor no tenga la capacidad de indicar el horario, modo y lugar donde se ejecutarán las labores de sus trabajadores, ni tengan la potestad reglamentaria y disciplinaria de estos.

-Que el proveedor no pague los salarios y prestaciones de sus trabajadores de manera oportuna.

-Que por medio de la tercerización el beneficiario fraccione, mediante varios proveedores, a trabajadores afiliados a un sindicato.

-Que a quienes trabajaban para el beneficiario no se les otorguen por parte del proveedor iguales derechos a los que tenían cuando estaban contratados directamente

Es válido mencionar que esta misma norma define al proveedor como aquella “persona natural o jurídica que provee directa o indirectamente la producción de bienes o servicios […] bajo su cuenta y riesgo”.

La misma norma también aduce al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades en los contratos laborales. Así que si se configura una tercerización ilegal, también es posible que el beneficiario se encuentre obligado a realizar el contrato laboral con los trabajadores afectados, o pagar las indemnizaciones que le corresponda; sin olvidar el pago de las multas que le imponga el inspector de trabajo.

Estas multas podrán llegar a ser hasta de 5.000 salarios mínimos mensuales, según el número de trabajadores que se hayan encontrado bajo esta tercerización ilegal. Solo se podrán reducir estas sanciones de manera proporcional al porcentaje de trabajadores afectados que vincule a su planta de forma directa: un máximo de 20% por cada año que se mantenga la relación laboral y hasta el 100% de condonación luego del quinto año de vinculación.

Este artículo fue publicado originalmente en la décimo cuarta edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.