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La pensión de vejez por actividades de alto riesgo

Diferencias entre la pensión de alto riesgo, la cotización al sistema general de riesgos laborales por actividades de alto riesgo y la valoración de los factores de riesgo como altos.

19 de Abril 2016

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Por: Martin J Sanchez Esquivel Abogado, experto en Derecho Laboral y socio fundador de Activo Legal

Con motivo de la publicación de la sentencia C – 651 de 2015 sobre la constitucionalidad del articulo 8 del Decreto Extraordinario 2090 de 2003, se ha renovado el interés por la pensión de vejez de alto riesgo, la cual considero, a pesar de los esfuerzos argumentativos de la Corte Constitucional, un verdadero régimen legal de pensiones especial y no un simple esquema de pensiones.

La pensión de vejez de alto riesgo es una conquista de los trabajadores para poder disfrutar una pensión de vejez antes de que “La Parca” finalmente los visite, por motivo a que sus labores les acorta significativamente su vida por exposición a riesgos especialmente peligrosos.

Desde 1994 con el Decreto 1281 (sector privado) y el Decreto 1835 (sector publico) se ha desarrollado una genuina preocupación por brindar a los trabajadores, dedicados a ciertas actividades, la posibilidad de pensionarse con menos requisitos de edad y de tiempo, a diferencia de quienes no están expuestos a estas actividades consideradas de alto riesgo.

Hoy en día y por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2024 (Decreto 2655 de 2014) se contará con la posibilidad de que los trabajadores expuestos a 1. Trabajos en minería en socavones o en subterráneos, 2. Los que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, 3. La exposición a radiaciones ionizantes (por ejemplo rayos X), 4. La exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, así como quienes trabajen en las siguientes entidades: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil como controladores de tránsito aéreo, los Cuerpos de Bomberos, (específicamente quienes actúen en operaciones de extinción de incendios) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (quienes se dediquen a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria), puedan tener los beneficios de una pensión de alto riesgo.

En esa misma línea, también entran los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– de la Fiscalía General de la Nación, quienes a través de la Ley 1223 de 2008, gozan también de una pensión especial de vejez, aunque con algunas diferencias, en materia de requisitos para pensionarse.

Estos esquemas especiales de pensión de vejez suelen generar confusión con por lo menos otras 2 previsiones legales en Colombia: la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales por una actividad económica de riesgo alto y la valoración de los factores de riesgo ocupacional como alto por parte de un segurista industrial en el panorama de riesgos o en la matriz de identificación de peligros que corresponda.El esquema especial de pensión de vejez contenido en el Decreto 2090 de 2003 aplica a los trabajadores de las actividades indicadas previamente y no tiene un efecto directo en el monto de la cotización en materia de riesgos laborales, ni tampoco un efecto en la valoración de los riesgos a los que está expuesto un trabajador dentro de una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

Este esquema únicamente contiene los requisitos para acceder a una pensión de vejez a una edad diferente a la usual; realizando previamente un aporte especial del empleador, sin modificar ningún factor en la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Por su parte, la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales por una actividad económica de riesgo alto, simplemente es el efecto de aplicar a nuestro sistema general de riesgos laborales el principio de cotización escalonada conforme a la actividad económica del empleador; de manera que quienes exploten actividades económicas más riesgosas contribuyan más para pagar las prestaciones de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que se generan. Es así como nuestro diseño legal establece 5 “clases de riesgo” de las cuales la IV y V se consideran riesgo alto y de las que se espera una contribución más alta que las de quienes explotan actividades económicas de I al III.

Sin embargo, la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales se cotiza de acuerdo a la valoración realizada por el estado de los riesgos que implica una actividad económica en especial. Así las cosas, es posible encontrar cargos en diferentes sectores económicos (unos de riesgo alto y otros de riesgo bajo) que tienen ocupaciones similares y expuestos a riesgos ocupacionales semejantes y considerados bajos.

Así, la tasa de cotización de una actividad económica en especial considerada como de riesgo alto, no necesariamente generará la aplicación del esquema especial de pensiones de alto riesgo: por ejemplo, una secretaria de una compañía dedicada a la minería en socavones que nunca se expone al trabajo minero subterráneo, generará un aporte en la media más alta del Sistema general de Riesgos Laborales, pero su labor no podrá ser considerada como cobijada por las condiciones especiales de vejez del Decreto 2090 de 2003. Es decir la cotización como riesgo alto no genera para el trabajador los derechos a la pensión de vejez por alto riesgo. Los conceptos son plenamente diferentes.

También, el solo hecho de valorar como altos los riesgos a los que se expone un trabajador cualquiera, en cualquier actividad económica, no genera por si misma, para el empleador respectivo, la obligación de cotizar al Sistema General de Riesgos Laborales con la tasa mas alta prevista, ni mucho menos adquirir por el trabajador los derechos a pensionarse por vejez de manera anticipada.

Por ejemplo, podemos encontrar en un restaurante un auxiliar de aseo que realiza trabajo en alturas para limpiar las ventanas y chimeneas de la cocina del lugar donde trabaja, por lo que los riesgos pueden ser considerados como poco tolerables o “altos” en el respectivo panorama de riesgos, pero no darán lugar, evidentemente, ni a una tasa de cotización en clase IV o V, (la actividad económica continuará siendo de clase de riesgo III), ni a los derechos de pensión de vejez anticipada del Decreto 2090 de 2003.

Espero con las líneas anteriores haber contribuido a aclarar la diferencia entre el esquema especial de pensión de vejez contenido en el Decreto 2090 de 2003, la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales en actividades económicas de riesgo alto y a la valoración de los factores de riesgo ocupacional como alto, que generan a menudo confusiones que llevan a tomar decisiones equivocadas y entrar en difíciles discusiones entre trabajadores y empleadores.

 

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal SAS.