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La fiscalía y los juzgados deben aplicar las medidas de protección por violencia intrafamiliar de manera inmediata

La Corte Constitucional recordó que las medidas de protección deben aplicarse en el mismo momento que se solicite y se juzgue necesaria para la prevención de la víctima frente a su victimario

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De ahora en adelante, la Fiscalía General deberá solicitar de manera inmediata medidas de protección cuando reciba denuncias por violencia intrafamiliar.

Luego de conocer una acción de tutela de una mujer que se encontraba siendo víctima por parte de su pareja y cuyo caso había sido conocido por las instituciones judiciales, sin que se haya emitido una resolución eficaz para su protección, la Corte Constitucional concluyó que no se estaban aplicando vigorosamente las normas que aspiran a proteger a las mujeres de la violencia de género.

De la misma manera, este alto tribunal previno a las Comisarías de Familia, a los Jueces municipales y a los de control de garantías a que cumplan de manera estricta con las normas que protegen a las mujeres de la violencia de género, en especial la Ley 1257 de 2008 que tiene la finalidad de prevenir y sancionar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, particularmente, que apliquen lo enunciado en el artículo 16 que habla sobre la aplicación de la “medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.”

Si bien en este caso el victimario fue condenado penalmente (condena de tres años con libertad condicional), durante el momento en que la víctima realizó la acusación hasta que se dio la sentencia, el juzgado no le concedió la medida de protección inmediata como una herramienta para evitar que pudieran suceder eventos de maltrato.

En efecto, la víctima volvió a ser objeto de maltrato familiar durante este periodo. El victimario (el esposo), al no existir ninguna medida extralegal, podía seguir viviendo en la misma casa que su víctima (su esposa) y así podía tener un contacto directo con ella.

Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores o a una tragedia que podía haber sido evitada, pero la Corte Constitucional se dio cuenta que muchas de las víctimas no corren con la misma suerte y que por la negligencia de los jueces y de la misma fiscalía, que no actúan de manera inmediata, las víctimas están sujetas a volver a ser objeto de maltrato físico de sus victimarios e incluso a que este maltrato se amplíe.

De esta manera la Corte recordó que estas medidas de protección son urgentes, “por lo cual deben ser solicitadas de manera inmediata y no puede esperarse a que se formule imputación para poder pedirlas, pues ello puede tardar meses”.

¿Qué efecto tiene la medida de protección?

Ya hemos esbozado algunos de estos efectos, como que el victimario no puede encontrarse en el mismo lugar que su víctima.

Como se trata de violencia intrafamiliar, una de las primeras medidas que puede ordenar el juez es que el agresor desaloje la vivienda que comparte con su víctima y más allá también puede ordenar que el agresor no vaya al lugar en donde se encuentre la víctima – esto es diferente a encontrarse en el mismo lugar, pues coincidencias pueden existir. La policía también podrá tener un papel otorgando una protección temporal especial a la víctima.

También el agresor no tendrá permitido esconder o trasladar la residencia de los hijos o demás personas de indefensión que sean miembros del mismo grupo familiar y se podrá decidir, provisionalmente, el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos; entre otras órdenes que aseguren la separación e independencia de la víctima, sus hijos y la prevención de que vuelva a ocurrir un acto de maltrato o peor.

Sin embargo es necesario que se evidencien unos indicios mínimos para que pueda darse esta medida: evidencia que infiera que el acusado sí es el autor del maltrato; que sea necesaria la medida de aseguramiento para evitar la obstrucción al debido proceso; que el agresor constituya un peligro para la víctima; o que resulte que el imputado no aparecerá durante el proceso.

Por último es importante recalcar que tal norma, la Ley 1257 de 2008, por lo menos en cuanto a las medidas de protección, no es una norma exclusiva para la protección de las mujeres de la violencia que cometan los hombres sobre ellas; la protección puede realizarse a la inversa y ser el hombre quien puede pedir y ser protegido por la norma, y de la misma manera la mujer puede ser condenada por sus acciones violentas contra su pareja o cualquier otro miembro de su familia (padre, madre, hijo, hija, hermanos).

 

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal SAS.