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Mediante proyecto de ley se pretende evitar la salida de 25.000 reclusos de las cárceles

El gobierno y la Fiscalía radicaron un proyecto de ley con carácter de urgencia con el objetivo de evitar que miles de reclusos que no han tenido proceso judicial queden libres por vencimiento de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad

26 de Abril 2016

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La semana pasada el gobierno y la Fiscalía General de la Nación radicaron en el Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para evitar la excarcelación automática de casi 25.000 reclusos que se daría el próximo 7 de julio; fecha en que empieza a aplicarse los plazos máximos de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, contenidas en la Ley 1760 de 2015.

Esta ley obliga a que este tipo de medidas de aseguramiento que recluyen a los acusados de algún crimen no excedan de un año o, en casos especiales, de 3 años si se trata de un proceso ante la justicia penal especializada o si se trata de casos de corrupción. Si la medida de aseguramiento excede este tiempo sin que se haya surtido el debido proceso judicial, el acusado será liberado automáticamente.

La norma también menciona que estas medidas privativas de la libertad solo pueden imponerse si se prueba que el acusado podría obstruir el proceso judicial, si constituye un peligro para la sociedad o la víctima; o si pudiera ser probable que el imputado se fugue o no comparezca ante el juez que conozca su caso

Tal término y condiciones comenzarán a aplicarse este próximo 7 de julio y se calcula que casi 25.000 reclusos de las cárceles colombianas recobrarán su libertad a causa de que aún no se les ha aclarado su situación jurídica. Actualmente estas garantías no se están aplicando, lo que lleva a que los acusados permanezcan recluidos con medida de aseguramiento de manera indefinida hasta que la rama judicial conozca su caso y falle respecto a este.

Esta norma fue desarrollada luego de que la Corte Constitucional mencionara que en Colombia no se estaban garantizando principios de derecho tan básicos para el respeto del ser humano como el Habeas Corpus y la presunción de inocencia; por esto en la ley debían fijarse, por lo menos, plazos fijos de las medidas de aseguramiento que priven la libertad de los individuos.

Como ya se aproxima la aplicación de esta norma, la solución de urgencia que avizora el gobierno es que se extienda el plazo para esta misma aplicación. El Estado quiere evitar que los acusados de delitos graves como abuso sexual, asesinato, violación de menores, u otros más mediáticos como los acusados por falsos positivos, los casos de corrupción como las personas implicadas en el carrusel de la contratación o los cerebros del desfalco a Interbolsa, recobren su libertad al comenzar a aplicarse esta ley.

Sin embargo, tal solución estaría negando y pasando sobre estos principios de derecho ya mencionados. ¿En dónde queda la presunción de inocencia de estas personas?, ¿por qué el Estado no se dedica más bien a solucionar la situación jurídica de estos reclusos, en vez de negarles, por un periodo más, sus derechos fundamentales como es la libertad? El Estado no debería partir desde la suposición de que todos estos acusados son culpables.

El Estado tiene la responsabilidad de hacer justicia y aclarar si en efecto son o no culpables de los crímenes que les acusan y no perjudicarlos por la ineficacia en la aplicación de una de sus funciones principales.

Que salgan automáticamente 25.000 personas de las cárceles colombianas, no significa que directamente salgan 25.000 criminales. Algunos lo son, otros son inocentes. No se sabrá hasta que se surta el proceso judicial contra ellos y se les falle en su contra; mientras tanto no se puede decir que van a salir 25.000 criminales de las cárceles.

Si el Estado quiso evitar esto debió apuntar sus fuerzas a mejorar el sistema judicial y no radicando un proyecto “apaga incendios” que alargará el padecimiento de estos reclusos a no tener un juicio apropiado y a que no se les aclare su situación jurídica.

En el Congreso de la República se ha hablado de varios proyectos que buscan permitir la descongestión del sistema judicial, sin embargo, uno de estos que reforma el Código de Procedimiento Penal, ni siquiera ha tenido su segundo debate desde que hace un poco menos de un año que fue radicado. Otro que busca instaurar un procedimiento especial abreviado y que fue radicado en agosto del año pasado solamente ha tenido un debate.

Mientras tanto, mientras que las cárceles viven una crisis permanente de hacinamiento, en el Congreso se radican proyectos que buscan aplazar la aplicación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y se buscan crear nuevos tipos penales. Los ciudadanos no se deben asombrar de la cantidad de demandas contra el Estado que todos los días llegan, producto de no aclarar de manera eficaz la situación jurídica de sus ciudadanos y de negarles su libertad cuando aún no han sido declarados culpables.

 

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal SAS.