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La fijación de precios de medicamentos en Colombia traería escasez

El Ministerio de Salud busca aplicar precios máximos a los medicamentos que se comercian en Colombia, sin tener en cuenta los factores que crean estos precios, ni las consecuencias que traería esta política.

02 de Mayo 2016

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En los últimos días de abril el Ministerio de Salud expidió el Decreto 705 de 2016, con el objeto de que sea la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos la entidad encargada de desarrollar la definición de la metodología y los mecanismos para la regulación de precios de medicamentos.

Esta misma entidad, según la publicación de la reciente norma, también estará encargada de establecer la regulación de los márgenes de distribución y comercialización de los mismos. De esta manera, esta comisión podrá fijar los precios máximos de los medicamentos (y dispositivos médicos) que se distribuyan en el país, según los mecanismos y la metodología que hayan fijado de manera general o particularmente para cada uno de estos.

Esta comisión fue creada desde la expedición de la Ley 100, hace ya 23 años, para fijar los precios máximos de los medicamentos y dispositivos médicos, con la participación de los ministros y sus delegados de las carteras de salud, de comercio y la presidencia de la república. La diferencia, es que con esta nueva norma la entidad no solo fijará los precios, sino que desarrollará la política y la metodología para fijarlos.

Aunque se le delega a esta comisión la política de regulación de precios, existen algunas pautas que deberá cumplir.

Por ejemplo el precio máximo debe fijarse de acuerdo a las comparaciones con precios internacionales; además este precio máximo no puede superar el precio internacional de referencia; esta regulación de precios se deberá fijar en la salida del proveedor mayorista; y por último también podrá regular el margen de distribución y comercialización cuando no se evidencien condiciones competitivas en este proceso.

Los problemas de la fijación de precios

A finales del año pasado el médico y bloguero estadounidense, Michel Accad, intentó responder a la pregunta de ¿por qué, hasta en los mejores hospitales de Estados Unidos, se presenta escasez de varias medicinas y algunas tan básicas como el suero fisiológico que no es más que la mezcla de sal estéril y agua?

Su respuesta es que tal escasez y dificultad para encontrar proveedores confiables se debe a la gran regulación a la que está sujeto el mercado de la salud y la medicina: solo la supervisión que se mantiene en la oferta de medicamentos es bastante dominante y avasalladora en todos los procesos de producción y comercialización.

Adiciónese a toda esta regulación que en Colombia no es la excepción- la fijación de precios máximos que llevaría a acentuar esta escasez: las colas para la compra de productos que suceden todos los días en el país vecino, Venezuela, no surgen por el acaparamiento de productos por parte de los grandes productores o por consecuencia de una guerra económica de la “oligarquía burguesa”; se debe simplemente a que el gobierno ha fijado precios máximos a los que se puede vender estos productos y a la limitación de dólares que se les asigna a los comerciantes para que realicen sus actividades tan importantes como la importación.

La escasez es el efecto directo y más evidente de la fijación de precios máximos. Si los consumidores se quejan de que el precio de un producto es muy alto y por eso el gobierno decide tomar cartas en el asunto y fijar un precio máximo, el único efecto que se daría es que los proveedores dejarían de producirlo, por el motivo que ya no reportan beneficios para su producción.

Surgen diversas denuncias de que el precio al que se vende una medicina dista abruptamente de lo que cuesta producirlo y que por lo tanto, la fijación de un precio máximo solo tendría el objetivo de evitar abusos de las farmacéuticas. Sin embargo, en este argumento se olvida en considerar dos puntos clave: los derechos de patente y la inversión inicial para el desarrollo de un medicamento.

Un gran incentivo para que se cree el abuso de precio de las farmacéuticas, es que el mercado está inundado de derechos de patentes que crean monopolios de producción a estas mismas farmacéuticas, prohibiéndole a la competencia la producción del medicamento particular. Esto es lo que sucedió recientemente –Septiembre de 2015- cuando la farmacéutica Turing obtuvo la licencia de fabricación del antiparasitario Duraprim e inmediatamente incrementó su precio en 5.556%. Así, se identifica el problema –los derechos monopólicos de producción-, pero la solución que se encuentra es la de fijar precios máximos.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las mismas farmacéuticas, al desarrollar un nuevo medicamento, no solo tienen que afrontar el costo de producción del medicamento; antes debieron haber realizado una inversión inicial en investigación y desarrollo, pruebas, experimentación y por último todos los trámites y condiciones que le pida la entidad que decide si el medicamento puede entrar al mercado; en el caso de Colombia es el Invima. Es por esto que no debe solo pensarse en el precio que cuesta producir un medicamento para acusar a una farmacéutica de “infladora de precios”; es importante tener en cuenta en los demás costos en que incurrió la empresa y de la que espera que se dé un retorno de su inversión.

Como bien lo mencionó el famoso economista Ludwig Von Mises, luego de fijarse este precio máximo se crea un patrón para que el Estado regule aún más el mercado: el Estado busca encontrar una solución a la escasez que creó sin asumir alguna responsabilidad por esta; llevándolo a fijar control de precios en los factores de producción del producto regulado o realizando un racionamiento del producto.

En todo caso, la escasez no se soluciona, solamente se crea el camino para que el Estado regule aún más la economía, llevándola a una planificación centralizada.

 

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal SAS.