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¿Podrán tener las autoridades locales libertad total para decidir su futuro minero?

La Corte Constitucional decidió que los municipios y departamentos pueden excluir zonas mineras en sus jurisdicciones, ¿qué consecuencias puede traer tal decisión en el futuro de la minería?

29 de junio de 2016

De nuevo nos encontramos hablando del polémico artículo 37 del Código de Minas, el cual prohibía a toda autoridad regional o local del territorio colombiano de establecer zonas “que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”. Según el último estudio de constitucionalidad que realizó la Corte Constitucional de esta norma, decidió declararla inexequible por motivo a que menoscababa el principio de autonomía territorial y la descentralización del Estado colombiano que es base fundacional de la Constitución Política de Colombia.

La demanda de constitucionalidad fue emitida por unos estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia que sostenían que tal artículo contenido en el actual Código de Minas era contrario al derecho de las autoridades locales a decidir sobre las actividades que pueden o no realizarse en sus jurisdicciones.

Al existir esta prohibición las autoridades y gobiernos locales no tenían la facultad, por medio de sus concejos municipales, consultas populares o por cualquier otro medio de participación ciudadana, prohibir o excluir de manera parcial o completa la minería en sus territorios. Lo que sí podían hacer, según la posición del exmagistrado de esta alta corte, Antonio Barrera Carbonell, es “reglamentar la actividad en concordancia con el Gobierno nacional”.

Sin embargo, decimos que se vuelve a armar polémica con este artículo, por motivo que en 2014, este mismo alto tribunal ya había realizado un fallo declarando esta norma exequible siempre y cuando las medidas de protección del ambiente, el desarrollo económico, social y cultural se acuerden entre las autoridades nacionales y autoridades territoriales. El motivo era que, según la Constitución, los recursos no renovables son de propiedad del Estado y por tanto pueden ser organizados de manera unitaria para su exploración y explotación.

Pero con esta nueva revisión y fallo, las cosas se tornan positivas para la autonomía de los municipios y se tornan oscuras para el sector minero. Precisamente este sector ya se ha anunciado sosteniendo que se cambiaron la regla de juegos y que aún no es claro cuáles son estas nuevas reglas.

Efectivamente, aún no se sabe de qué manera podrán las autoridades excluir o aceptar la mienría en sus jurisdicciones. Falta, en primer lugar, que la Corte Constitucional publique la ponencia que declararía la inexequibilidad de este artículo y estipulara los derechos de las autoridades territoriales en cuanto a su “autonomía minera”.

Y en segundo lugar, faltaría que se desarrollara una reglamentación que deban seguir estas autoridades territoriales para definir su futuro minero.

Lo que se podría esperar es que con esta nueva facultad de las autoridades locales en sus territorios, cada una podría realizar reformas en sus planes de ordenamiento territorial definiendo el futuro de la minería en Colombia, o se podrían incluir planes parciales de planeación urbana concernientes con la posibilidad de excluir de manera total o parcial la explotación minera.

Es importante considerar que la visión que tiene la sociedad civil en general de la minería es negativa. Se presupone desde un principio que esta actividad genera efectos nocivos irreparables para el ambiente y la sociedad. Al concebirse de esta manera, es bastante popular sentar una posición en contra de esta actividad. Si efectivamente se da una libertad completa a las autoridades locales para decidir sobre la minería en sus territorios, no sería sorprendente ver que la gran mayoría la prescribiría de tajo, sin siquiera tener en cuenta estudios ambientales u oportunidades económicas; la búsqueda de réditos políticos cobraría el futuro de la minería en Colombia.

Las autoridades locales en sus planes de ordenamiento implementan planes de urbanización, creación de infraestructura entre otros; pero si al mismo tiempo prohíben la minería, ¿de dónde sacarán la materia prima para todos estos planes de construcción?, ¿tendrían que importar materias primas de ahora en adelante?


Este artículo fue publicado originalmente en la vigésima segunda edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

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