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Continúa la lucha en contra de la piratería en la televisión

Hay que tener en cuenta que la piratería no es un delito menor y según la normatividad vigente existen sanciones de tipo económico y de tipo penal dependiendo del fraude.

08 de julio de 2016

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) la piratería “abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos.”. Según datos de la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión), en 2015 se estimó que el 52 % de las conexiones a televisión por cable en el país son ilegales, el mayor índice de la región.

Frente a esta cifra los esfuerzos contra la prestación ilegal del servicio de televisión en todo el país, la ANTV y la Fiscalía General de la Nación y su Unidad Nacional de Propiedad Intelectual y de las Telecomunicaciones UNPIT establecieron una alianza para combatir la piratería en la televisión. En lo que va corrido del año se ha suspendido el servicio y se ha decomisado preventivamente 108 equipos de presuntos prestadores clandestinos del servicio de televisión. Para la ANTV “La clandestinidad en el servicio de TV casi siempre se acompaña de la violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, afecta el mercado y la competencia debido a que no tiene compromisos de impuestos, contribución a la TV pública, régimen de calidad, respeto a la infraestructura, ni pagos por contenidos o por derechos de retransmisión.”.

Y es que con la piratería los consumidores pagan por una señal de baja calidad, los operadores dejan de recibir dinero y el Estado ve reducido en unos 100 millones de dólares el recaudo por estos servicios.

Hay que tener en cuenta que la piratería no es un delito menor y según la normatividad vigente existen sanciones de tipo económico y de tipo penal dependiendo del fraude. Por ejemplo si se presenta en la prestación del servicio público de televisión, habrá decomiso preventivo o definitivo de los equipos y podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 10 años y multas entre 5000 y 1.000 salarios mínimos. En el caso de los concesionarios de televisión por suscripción, la multa va desde los 100 hasta los 600 salarios mínimos la primera vez, si se es reincidente la multa podría estar entre los 600 y los 6.000 salarios mínimos legales vigentes.

Está bien que se protejan los intereses de los prestadores legales de televisión pública, privada y de suscripción, ya que la inversión que realizan las empresas y la legalidad deben ser protegidas, sin embargo es un poco absurdo, en estos tiempos en donde el internet es la principal plataforma de entretenimiento, tildar el uso de canales vía ‘streaming’ como otra forma de piratería, ya que tan solo en Latinoamérica existen más de 150 medios con un tráfico mensual de 200 millones de personas. Esto en vez de ser una amenaza debería representar una oportunidad.


Este artículo fue publicado originalmente en la vigésima segunda edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

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