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Legalización de la marihuana: Un adelanto legislativo y una oportunidad agroindustrial

Lo cierto es que el negocio del cannabis para uso medicinal y científico, por ejemplo en los Estados Unidos, en donde 23 estados han legalizado el consumo con fines terapéuticos, se estima que moverá 10.2 billones de dólares para el 2019.

11 de julio de 2016

Después de varios periodos legislativos el Congreso de la República aprobó la Ley 1787 de 2016 que establece un marco normativo al uso medicinal y científico del cannabis.

Bajo esta Ley el Estado colombiano legalizó y puso bajo su control todo lo relacionado con la cadena productiva de marihuana para fines médicos y de investigación científica. Según el senador Juan Manuel Galán, la norma servirá para “blindar” las medidas tomadas desde el año pasado por el Ministerio de Salud y Protección Social, acerca de los requisitos para cultivar, producir, fabricar o exportar y sus respectivas licencias.

Recordemos que el Año pasado el Ministerio de Salud emitió el Decreto 2467 de 2015, el cual reglamentó el cultivo de cannabis y estableció la autorización para poseer semillas, determinó los lineamientos para un área de cultivo, además de los procesos de producción y fabricación, exportación y uso con fines médicos y científicos para el otorgamiento de licencias.

Días antes de que la Ley fuera aprobada por el Congreso de la República, este mismo Ministerio definió los requisitos generales y especiales para la Producción y Fabricación de derivados de Cannabis, a través de la Resolución 1816 de 2016, en esta se estableció la "Guía para la estructuración del Plan de Producción y Fabricación de derivados de Cannabis con fines medicinales o científicos", como requisito para la obtención de las licencias.

Entre otras cosas la Resolución estableció las obligaciones de los que obtienen las licencias: seguir un protocolo antilavado de activos; entregar un plan de inversión social y uno sobre la vinculación de trabajadores de la región en donde se establezca la producción y fabricación de derivados del Cannabis, entre otras cosas. Se podría decir que esta Resolución deja en claro cuáles son los requisitos para solicitar, modificar, ceder o dar por terminada una licencia para producir o fabricar derivados de la Marihuana. Tal licencia tendría vigencia mientras dure el proyecto productivo y no necesitará de renovación de acuerdo con las condiciones establecidas en el Decretó Único 780 de 2016, además de ser gratis.

Otro de los aspectos importantes que reglamenta la Resolución es que todos los que participan en la cadena productiva deberán contar con una licencia; el cultivo, la producción y la distribución de productos derivados del cannabis puede ser hecha por distintas personas naturales o jurídicas, al igual de ofrecer la posibilidad de que lo haga una sola empresa. También establece los requisitos sobre calidad de los productos, las condiciones de las instalaciones, y reglas sobre el transporte y almacenamiento de los productos.

Mucho de lo expuesto en la Resolución 1816 de 2016 corresponde a lo planteado por la reciente Ley aprobada, ya que corresponde a los principios de acceso, seguridad, calidad. Falta esperar frente a la regulación de los precios, pero lo que sí quedó claro es el uso de los recursos que se obtengan por las licencias, ya que estos recursos irán para investigación del cannabis por parte de Colciencias y para campañas de prevención del consumo de drogas en las escuelas y colegios públicos.

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Lo cierto es que el negocio del cannabis para uso medicinal y científico, por ejemplo en los Estados Unidos, en donde 23 estados legalizaron el consumo con fines terapéuticos, se estima moverá 10.2 billones de dólares para el 2019. En Colombia desde hace ya varios años existen pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados del Cannabis, cuyos clientes son enfermos de cáncer, con dolencias de artrosis, artritis, Parkinson y convulsiones, entre otras (enfermedades crónicas y terminales); ahora con la legalización del cultivo, así como de los procesos de producción y fabricación, exportación, importación y uso con fines médicos y científicos, las solicitudes de licencias no se han hecho esperar.

Por ejemplo, la multinacional canadiense PharmaCielo Ltd. en Rionegro, Antioquia, presentó la solicitud formal ante el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Estupefacientes y ya tiene una licencia para el cultivo de cannabis y una licencia para la producción y fabricación de derivados de cannabis medicinal en Colombia, además de una licencia de exportación; también la empresa colombiana Cannalivio, entre otras están aprovechando la oportunidad agroindustrial que propone el cultivo, la fabricación y la distribución de cannabis con fines medicinales y científicos.

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Ahora, no deja de ser un gran adelanto legislativo el hecho de comenzar a cambiar las políticas prohibicionistas existentes en materia de drogas, por otras que se adapten a las necesidades locales; también, en el marco de los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el posconflicto, qué mejor que se pongan en marcha iniciativas encaminadas a la siembra y formalización de pequeños y medianos cultivadores nacionales de plantaciones de marihuana con fines exclusivamente medicinales y científicos, cosa que según la Ley aprobada será una prioridad del gobierno, y pues de igual manera, esto no deja de ser una oportunidad agroindustrial importante para el sector privado y la economía del país.


Este artículo fue publicado originalmente en la vigésima segunda edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

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