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La objeción de conciencia y el matrimonio igualitario

La Corte Constitucional ha dejado claro que un servidor público, que cumple con funciones públicas, no lo hace por libre albedrío, sino en virtud de la aplicación de la normatividad vigente

27 de septiembre de 2016

Mucho se ha dicho acerca del matrimonio igualitario, lo cierto es que la comunidad LGBTI ha ganado una de sus batallas más álgidas: poder ser reconocidas ante la ley como parejas con los mismos derechos que cualquier otra pareja heterosexual.

Uno de los problemas que se presentaron tras las sentencias de la Corte Constitucional, en 2013 y la más reciente en 2016 —siendo la primera la que permitía las uniones solemnes y la segunda la que formalizó el matrimonio igualitario—, fue la objeción de conciencia de los notarios y jueces.

¿Qué es la objeción de conciencia?

Antes de entrar a hablar de este conflicto, definamos qué es la objeción de conciencia. La Corte Constitucional la ha definido como una libertad y un derecho que habilita a una persona para resistirse al cumplimiento de una normatividad vigente cuando esta imponga un comportamiento que su conciencia prohíbe; es un enfrentamiento entre una norma jurídica y una moral.

¿Cuáles son los límites de la objeción de conciencia?

La misma Corte Constitucional ha dicho que la objeción de conciencia es un derecho fundamental, pero que no puede concebirse de manera absoluta cuando afecte directamente los derechos fundamentales de terceros.

Tengamos en cuenta que la objeción de conciencia ha sido tratada en lo referente a la negativa al servicio militar obligatorio y la práctica del aborto. Con la llegada del matrimonio igualitario muchos notarios manifestaron su negativa a llevar a cabo este derecho que se ha ganado la comunidad LGBTI, alegando objeción de conciencia por motivos morales.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha dejado en claro que un servidor público, que cumple con funciones públicas, no lo hace por libre albedrío, sino que lo hace en virtud de la aplicación de la normatividad vigente; es decir no es un médico que decide no realizar un aborto y ya, sino que por el contrario debe cumplir estrictamente la ley.

Si bien un notario no es un servidor público, sino un particular que cumple un servicio público, dentro de sus funciones está la aplicación de la normatividad vigente, sin imponer juicios de valor en los trámites o procedimientos que haga.

La misma Corte ha dicho que “los Jueces de la República, Notarios Públicos y Registradores del Estado Civil, al momento de adoptar sus respectivos actos judiciales, notariales o registrales, deben asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, acordándoles a todos igual trato”.

Muchas han sido las voces de protesta frente al derecho que tiene la comunidad LGBTI de unirse en matrimonio y de por qué un pequeño grupo de personas como la Corte Constitucional ha decidido sobre estos temas, pero recordemos que en el Congreso cursaron más de 21 proyectos de ley para hacer realidad el matrimonio igualitario y nunca pasaron. La Corte se encargó de amparar los derechos de esta minoría.

Es entendible, en una sociedad tan conservadora como la colombiana, que muchos se opongan a estas decisiones, nada más hace un par de décadas el homosexualismo era un delito, pero los tiempos han cambiado y es evidente que los conceptos de familia también.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal SAS.