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¿Quién está dando las licencias ambientales a los proyectos estratégicos de infraestructura?

Si bien darles a las regiones la autonomía para otorgar licencias ambientales en los Proyecto de Interés Nacional y Estratégicos (PINE) es lo más razonable, es conveniente preguntarse si entregarle esta responsabilidad a las CAR es lo más sano.

14 de octubre de 2016

Cuando el Gobierno Nacional expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 mediante la Ley 1753 de 2015 estableció lo que se llamó los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos PINE, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de la economía, para cumplir las metas de su plan de desarrollo, generar empleo e incentivar la inversión. El artículo 51 de esta ley hablaba precisamente de las licencias y permisos ambientales para estos proyectos.

Para complementarlo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentó todo lo referente a los PINE mediante el Decreto 2220 de 2015, que le da la potestad a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de otorgar las respectivas licencias ambientales de los distintos proyectos de infraestructura, minería e hidrocarburos de interés nacional y estratégicos, haciendo más flexible el otorgamiento de estos permisos, pero inhibiéndole autonomía a las regiones.

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Fue entonces cuando a comienzos de este año la Corte Constitucional declaró inexequible este artículo 51 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, retirándolo del ordenamiento jurídico junto con su decreto reglamentario mencionado, y dejando en manos de las Corporaciones Autónomas Regionales CAR el otorgamiento de las licencias ambientales para los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos PINE, que se mantuvieron firmes en el Plan Nacional de Desarrollo.


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Si bien darles a las regiones la autonomía para otorgar licencias ambientales es lo más adecuado, ya que son ellos quienes de primera mano conocen sus problemáticas sociales, económicas y ambientales, no sabemos si es contraproducente dejarle semejante responsabilidad a un ente como las CAR, cuyas investigaciones y señalamientos realizadas por la Contraloría las pone entre las instituciones públicas más corruptas del país.

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Lo cierto es que los PINE están en marcha y lo que el Gobierno Nacional daba por sentado en su Plan de Desarrollo con respecto a la flexibilización para el otorgamiento de las licencias ambientales no tiene piso jurídico al perjudicar el principio de descentralización. Sin embargo, hay que dejar claro que el licenciamiento se está realizando con base en el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Habrá que esperar que los proyectos en marcha sean responsables con el medio ambiente y el impacto en los ecosistemas no sea irreparable; pero si esta responsabilidad está en las manos de las CAR, no sabemos que esperar.



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Este artículo fue publicado originalmente en la vigésima cuarta edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

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