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Se podrá ejercer la suspensión preventiva de la distribución de combustibles

La suspensión preventiva de actividades se podrá instaurar durante el proceso sancionatorio cuando exista la posibilidad de un daño o peligro que pudiese prevenirse.

18 de octubre de 2016

Una nueva norma publicada por el Ministerio de Minas y Energía acaba de ajustar los procesos de investigación y sanción por incumplir con las normas de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles.

Se trata del Decreto 1172 de 2016, que surge después de más de un año luegos de haberse promulgado el Plan Nacional de Desarrollo para el actual cuatrienio, en el que se establecieron algunas reformas para las sanciones en distribución de combustibles y el sector de hidrocarburos en general.

Ahora, con la publicación del reciente Decreto, se espera que se ponga en marcha la aplicación de este proceso sancionatorio.

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Medidas preventivas

Uno de los primeros puntos que enuncia la norma es sobre la instauración de las medidas preventivas decretadas por el Ministerio de Minas. Estas consisten en la suspensión de la actividad de la cadena de distribución durante el proceso sancionatorio, cuando exista la posibilidad de un daño o peligro que pudiese prevenirse o cuando la actividad de distribución se ejerce sin el cumplimiento de todos los requisitos, permisos o autorizaciones para su funcionamiento. Esta suspensión consiste en el bloqueo del código Sicom (Sistema de Información de Comercialización de Combustibles).

 Lo que no se mencionó en la norma es si existe algún proceso administrativo para hacer responsable a la entidad pública por daños y perjuicios por instaurar una suspensión preventiva y luego se compruebe que no existía ningún peligro o que todas las obligaciones estaban siendo cumplidas. Tales medidas pueden decretarse en el mismo acto administrativo que da inicio a la investigación administrativa o también de forma separada durante el curso de la investigación hasta antes de la presentación de los descargos por parte del actor investigado.

Esta suspensión podrá levantarse por dos motivos: cuando se compruebe que ha desaparecido la causa que la originó y de manera automática si luego de un año de instaurada, no se hayan formulado pliego de cargos o su equivalente.



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Otra medida preventiva es el decomiso temporal por parte de las autoridades de policía de productos, elementos, medios o implementos que hayan sido utilizados para cometer la infracción de la que se les acusa.

Lo que no se mencionó en la norma es si existe algún proceso administrativo para hacer responsable a la entidad pública por daños y perjuicios por instaurar una suspensión preventiva o un decomiso temporal, y que luego se haya comprobado que no existía ningún peligro o que todos sus permisos y obligaciones estaban siendo cumplidas. Como es lo usual, el privado se le obliga a recurrir solo por el camino judicial.



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Este artículo fue publicado originalmente en la vigésima cuarta edición del periódico Activo Legal. Si desea obtener esta información de manera actual y rápida, haga click en suscripciones.

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