tutela enfermedad laboral

Acción de tutela para una enfermedad de origen común o laboral

¿Quién es el responsable de los servicios médicos de un trabajador cuando este sufre una enfermedad?

21 de agosto de 2013.

La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) debe facilitar todas las prestaciones médicas necesarias para procurar la recuperación y mejoramiento del estado de salud del trabajador que padece una enfermedad de origen laboral. De la misma manera la Entidad Promotora de Salud (EPS) debe garantizar la prestación de sus servicios cuando el trabajador sufre una enfermedad o accidente de origen común.

Cuando un trabajador adquiere una enfermedad laboral o es victima de un accidente de trabajo, su deber es dirigirse a una ARL para que esta preste sus servicios. La ARL en la que el trabajador está afiliado tiene el deber de suministrar y brindar todas las prestaciones asistenciales y económicas a que tengan derecho los trabajadores que hayan padecido una enfermedad o accidente laboral, tal y como lo señala el artículo 1 de la Ley 776 de 2002, el cual dispone:

“Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley".

Sin embargo, en muchas ocasiones sucede que no exista claridad sobre si el acontecer del trabajador provenga de sus funciones laborales o es de origen común. Al ser los implicados de la curación de esta persona entidades privadas, cada una buscará, si no existe la susodicha claridad, que esta responsabilidad sea de la otra. Caso en el cual la ARL o la EPS argumentarían que no asumirán los costos correspondientes a las prestaciones asistenciales a las que hubiere lugar, por ser responsabilidad de la otra entidad.

Como ya mencionamos cada una de estas entidades presta su servicio según sea una enfermedad o accidente de origen laboral o común. Realizar esta diferencia resulta pertinente, ya que podría existir la posibilidad que el tratamiento ordenado al trabajador corresponda, por ejemplo, a la curación de una enfermedad de origen común y no laboral, dando lugar a un rechazo justificado por parte de la ARL. Si este fuera el caso, el tratamiento se debe encontrar a cargo de la EPS, que deberá suministrar todas las prestaciones.

En varias ocasiones puede mantenerse la persistencia en la negación del servicio o que el Comité Técnico Científico de la EPS niegue la suministración del medicamento o tratamiento. La principal recomendación que se puede dar en este caso, es que el trabajador interponga una acción de tutela contra ambas entidades (la EPS y la ARL) para solicitar los servicios requeridos, con fundamento en la vulneración a sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, derivados de la conducta omisiva de las entidades al momento de no prestar sus servicios o entrega de los medicamentos. Las relaciones jurídicas que se presenten entre la EPS y la ARL no pueden ser obstáculo para que el trabajador pueda gozar de un tratamiento médico idóneo que le permita recuperarse de sus afecciones.

El inconveniente de acudir inmediatamente a la acción de tutela radica en que no se tiene certeza sobre las razones que fueron esgrimidas por las entidades para negar el servicio de salud y tampoco se tiene claridad sobre cual es la entidad que debe prestar el servicio de salud; razón por la cual, será función del Juez Constitucional entrar a resolver esa controversia, requiriendo a las entidades para que se manifiesten sobre la relación jurídica que tienen con el trabajador y de esta manera, poder determinar quién será la responsable de entregar los medicamentos.

Sin embargo debemos recordar el artículo 86 de la Constitución de Colombia que habla sobre la acción de tutela, la cual daría un fallo que es de inmediato cumplimiento y se obliga a que en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

Autor: Rafael Guerrero Villate
Abogado Activo Legal Ltda.