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Consulta Empresarial: ¿Qué efectos trae la declaratoria de área protegida?

Esta información no sustituye una asesoría jurídica más especializada; su objetivo es básicamente de orientación para nuestros lectores

6 de octubre de 2016

El artículo 8 de la Constitución de 1991 menciona que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Así la declaratoria de áreas protegidas es considerada una obligación constitucional por parte del Estado.

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, esta declaratoria implica valorar el alcance que debe tener cada una de las iniciativas que desarrolle dicho sistema en términos biológicos, como estrategia de conservación.

El Decreto 2372 de 2010 menciona que esta declaratoria “son terminantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas (...) en la elaboración revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos”. De esta manera estas autoridades locales no tienen la potestad para regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas).

El artículo 21 de este Decreto también menciona que es responsabilidad del Ministerio de Ambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales, velar porque en los procesos de ordenamiento territorial se respeten, por parte de los municipios, distritos y departamentos la declaratoria de áreas protegidas.

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